
A partir del año 2011, todo ciudadano español tiene derecho a adquirir un servicio de conexión a Internet de banda ancha de al menos 1 Megabit por segundo, a un precio justo y regulado.
De esta manera, todos los operadores de conexión deberán proveer el servicio en toda España, y así se previene que los pobladores de zonas menos pobladas no reciban el servicio debido a que las operadoras pierdan dinero en llevarlo hasta ellos.
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